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www.diariodesevilla.es 16/10/2015
El Ministerio Público atribuye tanto a la empresa como a su gerente un delito contra el Medio Ambiente. Los hechos fueron denunciado de forma anónima.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla ha presentado una querella en los juzgados de Estepa contra una empresa dedicada al tratamiento de la aceituna de La Roda y contra su gerente, a los que atribuye presuntamente un delito contra el Medio Ambiente por los vertidos al río Yeguas, hechos que fueron denunciado de forma anónima.
En la querella, el Ministerio Público explica que a través de esa denuncia anónima tuvo conocimiento la existencia de un vertido continuado al río Yeguas, en La Roda de Andalucía, procedentes de industrias del aderezo de la aceituna. La denuncia iba acompañada de unas fotografías acreditativas del cauce público con las aguas en mal estado.
La Fiscalñia ofició a la Guardia Civil para la investigación de los hechos y determinación de las posibles responsables, recabando documentación, además de Ayuntamiento y encargando informes periciales al Instituto Nacional de Toxicología (INT).
La Guardia Civil inspeccionó el 5 de mayo de 2015 el cauce del ese río a su paso por La Roda, en especial examinando el colector de aguas residuales procedente del polígono industrial Santa Ana, a la vista del alarmante aspecto putrefacto que presentaba el cauce.
Los agentes comprobaron que el vertido procedía de una empresa dedicada a la transformación de aceituna de mesa, donde se tomaron muestras de agua en la arqueta situada junto a la fachada de la industria. “La sociedad carecía de autorización de vertido y no posee evaluación del impacto ambiental de esa actividad que provoca vertidos de las aguas después de tratar la aceituna. El único tratamiento previo a tirar el agua al cauce público era un decantador de grasas. La actividad industrial determinó un consumo de 3.000 m3 de agua y un gasto medio eléctrico de 8763 kw”, precisa el fiscal en su querella.
Los vertidos volvieron a detectarse el 30 de junio de 2015, en este caso ampliándolo a toma de muestras del interior del cauce en la avenida de Los Llanos, donde dos colectores de aguas residuales municipales vierten al dominio público hidráulico, mezclándose con las que proceden del citado polígono industrial. Las muestras se tomaron en forma reglamentaria, aguas arriba y aguas abajo, a fin de comparar el estado del río antes y después de los vertidos.
En consecuencia, desde la empresa citada “se ha vertido un volumen considerable de aguas sin depuración, cuya toxicidad para el medio natural acuático resulta de verterlas directamente a un colector que da al río Yeguas”.
La Fiscalía constata que “no existe autorización alguna” de vertido directo a cauce, obligatorio conforme al Reglamento del dominio público hidráulico (RD 1290/2012, de 7 de septiembre, modificando el RD 606/2003) pues era necesaria ésta y cuáles fueran los valores límite, y en cualquier caso, añade que “desde luego no pueden nunca ser los detectados por el informe pericial del Instituto Nacional de Toxicología (INT)”.
El informe del INT a partir de las citadas muestras evidencia que las aguas residuales urbanas tienen en general una elevada carga de ecotoxicidad, por el alto nivel de materia orgánica, sólidos en suspensión, nitrógeno y amonio, así como aceites y grasas, aparte de bacterias y virus, que provocan “una disminución del oxígeno disuelto en el río y en general toxicidad y peligro de eutrofización”. Sumando los valores de las muestras en cuanto a nitrógeno, amonio y nitrato, así como examinados los valores de sólidos en suspensión y fósforo, se aprecia que la composición del vertido “supera claramente los niveles establecidos en el RD 509/1996″, argumenta el Ministerio Público, que concluye que “son muy peligrosos para el equilibrio del sistema natural acuático (fauna, flora, lecho del río), aunque no se han constatado daños efectivos hasta el momento, más allá de la evidente potencialidad de provocarlos, lo que es suficiente para la investigación del delito”.
La Fiscalía reclama al juzgado la práctica de una serie de pruebas, entre ellas que se requiera a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para que aporte un informe especificando cuáles son los valores de calidad de las aguas del río Yeguas antes de pasar por la zona donde se ubica el polígono industrial. “Con su resultado, comparación con los resultados analíticos del INT y conclusiones respecto a la afectación del cauce y medio natural a causa de dicho vertido. En su caso, determinación cuantitativa aproximada de los posibles daños al dominio público hidráulico derivados del vertido de esas aguas sin depurar o muy deficientemente depuradas”.
